El 30 de marzo se publicó en el Boletín Oficial del Estado la Ley de Economía Social, un norma pionera que establece un marco jurídico común para el conjunto de las entidades que conforman este sector, sin pretender sustituir la normativa vigente de cada una de las entidades entre las que están las cooperativas, sociedades laborales, mutualidades, centros especiales de empleo, empresas de inserción, cofradías de pescadores, las fundaciones y asociaciones.
Con la aprobación de esta ley se otorga mayor reconocimiento, mejor visibilidad de la economía social, y una mayor seguridad jurídica al sector.
Este texto reconoce como tarea de interés general, la promoción, estímulo y desarrollo de las entidades de la economía social y de sus organizaciones representativas. Además, recoge la importancia de la interlocución de los poderes públicos con las organizaciones que representan a las distintas entidades que componen la economía social, subrayando el papel que desempeñan las confederaciones intersectoriales de ámbito estatal representativas del sector.
Por otra parte, la aprobación de esta ley conecta directamente con los principios que inspiran y los objetivos que persigue la Ley de Economía Sostenible, en la medida que la economía social es, en cierto modo, precursora y está comprometida con el modelo económico de desarrollo sostenible, en su triple dimensión económica, social y medioambiental.
Tras la aprobación en el Congreso por unanimidad, Juan Antonio Pedreño, presidente de CEPES, declaró que esta Ley “es un importante reconocimiento institucional, económico y social a los valores esenciales de la Economía Social”.
“Gracias a esta ley se da más visibilidad a un sector socio-económico y al modelo empresarial que representa la Confederación, que aglutina a unas 45.000 empresas, con una facturación del 10% del PIB y representan el 12% del empleo nacional” destacó el representante del sector.
