En Boletín del Congreso de los Diputados del 1 de julio, se ha publicado la aprobación por la Comisión de Economía y Hacienda del Informe de la Subcomisión de Economía Social, un documento que hace una defensa reivindicativa de este modelo económico para conseguir una economía más equilibrada y sostenible.
Este informe recoge de manera expresa el potencial de este sector económico y la necesidad de unas líneas políticas que lo apoyen, reconociendo el vínculo que se crea entre las empresas de economía social y el Gobierno en la prestación de servicios. Entre las declaraciones que recoge este documento está la afirmación de que “el carácter plural de la Economía Social requiere la presencia de organizaciones representativas de los diferentes grupos de empresas y organizaciones que la integran, que deben tener apoyo desde los poderes públicos."
Según se señala, “la falta de identificación conceptual y la invisibilidad institucional de la Economía Social han sido un gran obstáculo para su desarrollo”, sin bien la Subcomisión de Economía Social ha optado por dar una serie de pasos para construir un marco institucional amplio que potencie el desarrollo y las cualidades de la Economía Social.
Entre los principios enunciados en este documento están la consideración de que la Economía Social ocupa una posición estratégica para reconciliar economía y sociedad en nuestro tiempo. A través de esta fórmula empresarial no solo se salvaguarda el Estado del bienestar con recursos presupuestarios suficientes para perseguir con eficacia la igualdad de oportunidades, sino que también hace factible el tránsito a una sociedad del bienestar donde la Economía Social ocupe un espacio privilegiado para la participación de la ciudadanía en la resolución de sus propios problemas, la participación de los propios beneficiarios y la satisfacción de sus necesidades.
El informe se estructura en tres partes. Una primera, denominada Constataciones, en la que se trata de recoger las conclusiones de carácter más general que pueden extraerse de las comparecencias de las personas expertas en la Subcomisión de Economía Social.
En la segunda, denominada Directrices Generales, se presentan aquellos criterios y enfoques que pueden ayudar a entender mejor las recomendaciones que se recogen en el tercer apartado.
La tercera parte está dedicada a recoger una amplia gama de Recomendaciones que, a la vista tanto de las experiencias conocidas como del conjunto de los análisis que se han llevado a cabo en el seno de la Subcomisión, se estiman como de especial interés y utilidad para desarrollar la Economía Social.
Entre estas recomendaciones está:
- Realizar una identificación legislativa de la Economía Social, mediante un estatuto jurídico de la Economía Social
- Avanzar en la delimitación jurídica de los requisitos que deben cumplir los integrantes de la Economía Social para evitar la banalización de sus rasgos identitarios y la pérdida de su utilidad social.
- Promover la participación directa de las organizaciones de la economía social en los organismos creados por las distintas Administraciones Públicas en los que ya están los restantes agentes socioeconómicos.
- Se recomienda la creación de políticas públicas de fomento de empresas de la Economía Social que puedan apoyar y desarrollar esta forma de hacer empresa.
- La necesidad de un respaldo presupuestario adecuado destinado a la economía social, dado que sin ello, muchas de las iniciativas pueden resultar inviables.
- La necesidad de incluir en la enseñanza superior y universitaria, así como en la formación profesional, programas de formación destinados a transmitir el conocimiento de la economía social y las iniciativas empresariales inspiradas en sus valores.
- Promover investigaciones desde las universidades en temas relacionados a la Economía Social"
