El consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Antonio Ávila, ha firmado con el presidente de la Confederación de Entidades para la Economía Social de Andalucía (CEPES-A), Antonio Romero; y los secretarios generales CCOO-A y UGT-A, Francisco Carbonero y Francisco Fernández, respectivamente, el 'Acuerdo por la Economía Social Andaluza', que recoge diez líneas de actuación para impulsar el desarrollo y la generación de empleo dentro de este sector en la comunidad. FAECTA ha participado en este acto que ha tenido lugar en Jaén.
Ávila ha indicado que este nuevo acuerdo pone de manifiesto la voluntad del Gobierno andaluz, los sindicatos y CEPES-A de trabajar conjuntamente en la puesta en marcha de políticas de crecimiento en este sector que sean responsables con el equilibrio de las cuentas públicas y que impulsen la reactivación económica, la dinamización empresarial y la creación de empleo en Andalucía.
Un acuerdo, ha señalado el consejero, "que garantiza el apoyo a un sector que será clave para superar las dificultades de esta crisis y para hacerlo en las mejores condiciones posibles, con un modelo productivo estable, participativo, democrático y respetuoso con los derechos sociales de los trabajadores".
El titular de Economía ha recordado también que la economía social es un factor estratégico de la política del Gobierno andaluz, un sector que resiste mejor los periodos de crisis, pero que se ha visto afectado "por dificultades para acceder al crédito financiero, por los ajustes en las cuentas públicas, por la existencia de una legislación mercantil demasiado rígida y una legislación fiscal desfasada a nivel estatal, y por la crisis de la construcción".
A pesar de ello, ha añadido Ávila, "Andalucía sigue teniendo un sólido tejido empresarial de economía social, siendo la primera comunidad en número de empresas (20,3% del total estatal) y en volumen de trabajadores (19% del total), con 7.000 empresas, que vinculan a unas 400.000 personas socias y generan más de 67.000 empleos directos".
Diez líneas de actuación
El Acuerdo por la Economía Social de Andalucía recoge 10 líneas de actuación, entre las que destaca por su novedad el facilitar el acceso a la financiación y al crédito en este sector, bien a través de las distintas líneas de incentivos de la Administración andaluza, o mediante acuerdos con entidades financieras para la creación de productos específicos para estas empresas. En esta línea, recoge el compromiso de las partes de demandar un papel más efectivo del Instituto de Crédito Oficial (ICO) en la financiación de las empresas de economía social, además de solicitar una reforma fiscal y otra mercantil de las sociedades laborales.
Junto a ello, recoge el compromiso del Gobierno andaluz para destinar a la economía social el 50% de la dotación presupuestaria del nuevo Fondo Reembolsable de Economía Sostenible, que se tramita actualmente.
La necesidad de promocionar la economía social en la sociedad andaluza es otro de los puntos del documento, especialmente la inclusión en el sistema educativo andaluz de la enseñanza del cooperativismo, a través de programas que permitan a los estudiantes andaluces aprender a crear y gestionar sus propias empresas cooperativas.
En este sentido, el Acuerdo establece la constitución de un grupo de trabajo para estudiar y proponer fórmulas que permitan a las administraciones públicas de Andalucía contar en sus contrataciones con entidades y empresas especialmente comprometidas con la responsabilidad social corporativa, o que tengan unos objetivos marcadamente sociales, siempre respetando lo que establecen las normas sobre defensa de la competencia.
Otra línea de actuación es el fomento del emprendimiento bajo fórmulas de economía social, especialmente entre jóvenes. Para ello, el documento señala que la Red Territorial de Apoyo a Emprendedores, perteneciente a Andalucía Emprende, fomente el espíritu empresarial bajo modelos de empresas de economía social; y se identificarán sectores económicos emergentes que, en cada territorio, puedan articularse por medio de este tipo de empresas. Del mismo modo, se pretende promocionar la cultura emprendedora en la economía social en colectivos como mujeres y trabajadores de empresas mercantiles en situación crítica, para que puedan recuperarlas y continuar la actividad.
El fomento de la innovación social es otra de las líneas recogidas, mediante el impulso a la creación de empresas y empleo a través de nuevas formas societarias: sociedades cooperativas de impulso empresarial, sociedades cooperativas de servicios públicos, sociedades cooperativas de vivienda de cesión de uso, así como los grupos cooperativos. Esta medida será posible con la entrada en vigor, en un plazo no superior a un año, del Reglamento de desarrollo de la actual Ley de Sociedades Cooperativas Andaluzas, que prestará especial atención a la regulación de estas figuras.
Competitividad
La mejora de la competitividad en las empresas de economía social es otra de las medidas del Acuerdo, fundamentalmente fomentando la innovación, la internacionalización y la cooperación e integración empresarial. Así, se recoge el compromiso de adoptar medidas que potencien la intercooperación empresarial en economía social, incentivando aquellos proyectos entre empresas que persigan un dimensionamiento de actividades para mejorar su productividad y eficiencia, fortaleciendo la posición competitiva de dichas firmas.
Asimismo, se facilitará la implantación de planes de innovación en entidades del sector, la transferencia de conocimiento en I+D+i y en nuevas tecnologías y se estrechará la colaboración con la Agencia Andaluza de Promoción Exterior (Extenda) para el desarrollo y puesta en práctica de nuevas actuaciones que abran nuevos mercados.
Favorecer el empleo de calidad y la inserción laboral
Favorecer el empleo de calidad y la inserción laboral es otra de las medidas. Para ello, está previsto que la Administración andaluza fomente, a través del decreto ley aprobado recientemente sobre medidas para el fomento del emprendimiento, el empleo en sociedades cooperativas y laborales mediante el incentivo a la incorporación de jóvenes desempleados menores de 35 años como socios trabajadores. Igualmente, se incentivará la incorporación al mercado laboral de personas en situación de desempleo, con especial incidencia en jóvenes, mujeres y colectivos en riesgo de exclusión, a través del fomento de la creación de empresas de inserción y otras formas empresariales de economía social.
De manera complementaria, el Acuerdo recoge el compromiso de impulsar un modelo de relaciones societarias y laborales en el que prime la estabilidad en el empleo, la formación de socios y trabajadores, la atención a la seguridad y salud laboral, y la responsabilidad social corporativa. El texto incluye como medida la implantación de un programa de formación profesional para trabajadores, en especial, en sectores estratégicos.
El medio rural andaluz ocupa un lugar importante del Acuerdo, que contempla el apoyo a las empresas de economía social de este ámbito, especialmente en el sector agroalimentario, impulsando su innovación y la integración estratégica entre ellas. Con este objetivo, se diseñará una planificación estratégica específica para la agroindustria que incida en la integración empresarial, la internacionalización, la diversificación y la inversión en I+D+i, además de la elaboración de una propuesta para que las cooperativas agrarias puedan contratar personas por cuenta ajena para trabajar en las explotaciones de los socios.
Por último, se establece la necesidad de posicionar al sector como un interlocutor visible. Con este objetivo, las partes firmantes se comprometen a crear, en un plazo máximo de un año, el Consejo Andaluz de Economía Social, que será el máximo órgano de participación para la promoción y desarrollo de la economía social.
Todas estas medidas se suman a las desarrolladas en los últimos años por el Gobierno andaluz para promocionar y apoyar el desarrollo de este sector, entre ellas, la nueva La Ley de Sociedades Cooperativas, aprobada en 2011; la renovación del Pacto por la Economía Social; el incremento del 20% de los fondos dirigidos a esta actividad en los presupuestos de la Junta de Andalucía para 2013; y la aprobación del Programa de Apoyo a la Economía Social regulado por el Decreto-Ley 8/2013 de Medidas de Creación de Empleo y Fomento del Emprendimiento.