FAECTA aplaude la medida tomada por el Parlamento Europeo la semana pasada por la que se han aprobado nuevas normas de contratación pública a la hora de adjudicar obras, bienes o servicios, en lugar de premiar simplemente a la oferta más competitiva. La Federación señala que esta medida significa un paso más en la inclusión de cláusulas sociales en las licitaciones públicas, una reivindicación que los y las representantes de FAECTA ha trasladado en varias ocasiones a la Administración andaluza, y que compromete a la Administración en la aplicación de criterios de sostenibilidad y responsabilidad social que van más allá de la mera oferta económica. La aplicación de las cláusulas sociales permite introducir criterios sociales o medioambientales en las licitaciones, además de establecer unas condiciones favorables que faciliten el acceso de las pymes, y entre ellas las cooperativas, a la contratación pública.
La nueva legislación, que ya fue acordada con el Consejo en junio de 2013, supone una revisión de las normas de contratación pública en la UE, que por primera vez fija estándares comunes sobre contratos de concesión, con el objetivo de impulsar una competencia justa y garantizar la obtención de una mayor rentabilidad del dinero, al introducir criterios de adjudicación que hacen mayor hincapié en consideraciones medioambientales, aspectos sociales e innovación. Los Estados miembros dispondrán de 2 años para transponer las disposiciones de las nuevas normas a sus respectivas legislaciones nacionales.
Las autoridades públicas gastan alrededor del 18 por ciento del PIB en la contratación de obras, bienes o servicios, lo que las convierte en motores importantes a la hora de alcanzar metas sociales concretas.
FAECTA considera que el volumen de estas contrataciones las convierte en un instrumento por el que la Administración puede reorientar la política económica y promover un cambio de modelo productivo.
Mejor acceso para las pymes
Gracias a los nuevos criterios, las autoridades públicas podrán dar prioridad a la calidad, consideraciones medioambientales, aspectos sociales o a la innovación, sin olvidar el precio ni los costes del ciclo de vida del objeto de la licitación. El proceso de licitación para las compañías será más simple, con un documento único europeo de contratación pública basado en declaraciones del propio empresario o empresaria, lo que permitirá que sólo la persona adjudicataria deba proporcionar la documentación original. Esto reducirá la carga administrativa de las empresas en más de un 80 %, según las estimaciones de la Comisión. Las nuevas normas también incentivarán la división de los contratos en distintos lotes para facilitar la participación de las pymes.
La Eurocámara han defendido con éxito la introducción de un procedimiento completamente nuevo para reforzar las soluciones innovadoras en la contratación pública. Las nuevas “asociaciones para la innovación” permitirán a las autoridades públicas abrir licitaciones para problemas específicos sin anticipar la solución de los mismos, lo que deja margen a la autoridad contratante y al licitador para que propongan ellos mismos los remedios.
Las nuevas normas endurecerán las disposiciones sobre subcontratación y ofertas “anormalmente bajas”, con el objetivo de combatir el dumping social y garantizar que se respetan los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Las empresas contratistas que no cumplan con la legislación laboral comunitaria podrán ser excluidas de las licitaciones.
Privatización de servicios públicos
El acuerdo destaca que las Estados miembros siguen teniendo la libertad para decidir cómo deben llevarse a cabo las obras públicas o funcionar los servicios públicos, bien sea de manera interna o bien externalizando a empresas privadas. En este sentido, la nueva directiva no exige la privatización de las empresas que presten servicios al público, según el texto adoptado. Además, los eurodiputados reconocen el carácter particular del agua como bien público, por lo que han aceptado la exclusión de este sector del ámbito de aplicación de las nuevas normas.
El texto sobre contratación ha sido aprobado por 618 votos a favor, 36 en contra y 26 abstenciones. El de concesiones ha obtenido 598 votos a favor, frente a 60 en contra y 18 abstenciones.
Más información: directiva europea sobre contratación pública
