El papel que las cooperativas, junto con el resto de empresas de la economía social, están jugando en materia de creación y mantenimiento de empleo ha sido crucial para que el Parlamento Europeo aprobara el informe (con 494 votos a favor, 91 en contra y 23 abstenciones) elaborado por la eurodiputada española Verónica Lope Fontagne el pasado 10 de septiembre.
El informe ‘Lope Fontagne’ pone de manifiesto que las empresas sociales son clave para la reducción del desempleo a nivel europeo. Este hecho debe llevar parejo un mayor apoyo, visibilidad y reconocimiento, tanto a nivel institucional como del conjunto de la sociedad.
La eurodiputada instó a dotar de todo el apoyo necesario -proveniente de las autoridades públicas y entidades bancarias- para que estas empresas puedan crecer y ser más sostenibles, apostando por mejorar y facilitar el acceso al crédito mediante fondos europeos u otras fórmulas como los microcréditos y eliminando la idea equívoca de que son modelos de negocio poco productivos o poco competitivos. Todo esto pasa, según el informe, por buscar opciones que mejoren el entorno en el que operan y favorecer la creación de redes de empresas de la economía social.
El propio Parlamento Europeo ha planteado a la Comisión la creación de un Estatuto europeo dirigido a las sociedades cooperativas, asociaciones, fundaciones y mutuas, con el objetivo de crear una categoría específica para aquellas empresas y entidades que centran sus prioridades en el bienestar común y no en la obtención de beneficios económicos. Estas empresas, entre las que se incluyen directamente las cooperativas de trabajo, buscan causar un impacto social y medioambiental positivo, apostando por la creación de empleo -priorizando los sectores más vulnerables- y por defender valores como la equidad, igualdad, democracia, gestión responsable con el objetivo de revertir los beneficios en el desarrollo local del entorno, impulsar la cohesión económica y el bienestar común.
Para Verónica Lope Fontagne es capital que el Parlamento Europeo defienda una transposición y aplicación rápida y efectiva de las Directivas sobre Contratación Pública y Concensiones que permita, de un lado, una mayor participación de las empresas sociales en los procedimientos de licitación de contratos públicos y, de otra, que se primen las ofertas que aporten mayor valor económico y social por encima de criterios de precios a la baja.
Los 28 países estados miembros de la Unión Europea cuentan con más de dos millones de empresas sociales que están detrás de 14 millones de empleos, lo que representa el 6,5% de trabajadores de la UE y el 10% del total de las empresas.
Ver informe sobre emprendimiento social e innovación social en la lucha contra el desempleoFoto: Parlamento Europeo (flickr)
