Comienzan las movilizaciones del sector de la Dependencia para denunciar la inacción de la Junta ante la quiebra del servicio

Las patronales de la Dependencia, integradas por FAECTA, CECUA, LARES ANDALUCÍA y FADE han diseñado un calendario de movilizaciones ante la delegación del Gobierno de cada provincia andaluza para mostrar su rechazo a la últimas medidas tomadas por la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación y alertar de la insostenibilidad del servicio.

Estas movilizaciones son la respuesta del sector a la infrafinanciación que ha impuesto la Junta de Andalucía y muestran el descontento ante la grave amenaza que supone para los usuarios la gestión que se está llevando a cabo en Andalucía. Según apuntan “queremos poner sobre la mesa el grave desequilibrio que existe entre comunidades y reivindicar la equiparación de Andalucía con aquellos territorios en los que se ha alcanzado un acuerdo viable a través del diálogo y el consenso entre la administración y los agentes sociales”.

Esta campaña de movilizaciones también incluye la recogida de firmas, acción que también se llevará a cabo en todos los centros y lugares en los que se atiende a personas. El objetivo es concienciar a la ciudadanía de que el gobierno andaluz está poniendo en riesgo la prestación de este servicio y denunciar que “el ejecutivo que lidera Moreno Bonilla no prioriza el servicio de atención a la dependencia para los 1,2 millones de personas con más de 65 años que viven en Andalucía y para sus familias ” explican.

Asimismo FAECTA, CECUA, LARES y FADE subrayan que “ante el ninguneo y la negativa del Gobierno Andaluz a escuchar nuestras propuestas estas concentraciones provinciales son la única vía que nos queda para defender un servicio esencial en Andalucía, como es el de la atención a la dependencia y el cuidado de nuestros mayores”. Además apuntan que “es esencial avanzar en la dignificación y profesionalización de los servicios que damos en nuestros centros”

En octubre, las patronales de la Dependencia se levantaron de la mesa de negociación que había propuesto la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación al considerar “vacías y desprovistas de sentido” las medidas que se planteaban, ya que conducían a la quiebra del servicio. FAECTA, CECUA, LARES y FADE afearon al Gobierno andaluz su falta de compromiso con la dependencia y consideran insuficiente la subida de las tarifas del 2,6%, “máxime cuando la inflación supera el 5% y el precio de los costes de suministros se ha disparado en más de un 40%, sin contar todo el sobrecoste sufrido durante la crisis sanitaria provocada por la COVID- 19” ─ apuntan.

Desde el sector señalan que el actual sistema de financiación de las plazas concertadas es claramente insuficiente para poder atender a los residentes, cifrándose en un 15%-20% el desfase entre los costes y el precio que abona la administración.

Respecto a las actualizaciones de tarifas, destaca el caso de Madrid, donde la subida pactada ha sido del 37% y no del 2,6% como ha fijado la Junta de Andalucía de manera unilateral. En este sentido el sector subraya que las residencias de mayores de Madrid reciben casi 20 euros más por cada plaza concertada y cada día de ocupación, con un incremento del 37% llegando hasta los 74,88€. En Andalucía, sin embargo, el incremento es de 2,60%, 491,38 euros al año.

Calendario y lugar de las concentraciones.

Propuestas de las patronales

CECUA, LARES Andalucía, FADE y FAECTA presentaron a la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación una batería de propuestas en la que se planteaba la fijación progresiva a 3 años de unas tarifas concertadas con el fin de garantizar la sostenibilidad, eficiencia y calidad de la cobertura del servicio que prestan a las personas dependientes. Este paquete de medidas también recogía la necesidad de ocupar las plazas vacías para reducir la actual lista de espera y ofrecer un mejor servicio a las familias. Además reivindican la ejecución de un plan de choque que mejore la tasa de reposición, lo que debe ir aparejado al aumento del equipo de valoradores/as y personal técnico para agilizar la gestión en las oficinas de los Servicios Sociales comunitarios (primer nivel de valoración en el ámbito servicios sociales), las delegaciones territoriales y de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia (ASSDA).

También apuntan que es necesario un sistema automatizado, similar al que emplea la consejería de Educación y Deporte con las plazas de escuelas infantiles o de primaria, para reducir la ardua burocracia ya que, desafortunadamente, en muchos casos, cuando se finaliza el proceso de solicitud y valoración, ya no son necesarios.