La consecuencia directa y el impacto positivo, de hacer que las empresas cooperativas tengan mayor participación en la contratación pública, sería la apuesta firme por la creación de empleo en Andalucía. Para FAECTA, el empleo debe ser la piedra angular del proceso productivo y las cooperativas de trabajo, en este sentido, tienen mucho que aportar y qué decir.
Recientemente, el Parlamento Europeo ha dado un gran paso al aprobar una nueva normativa en la que introduce criterios sociales -de cara a la contratación pública a la hora de adjudicar obras, bienes o servicios- sin que prime como criterio principal la oferta más competitiva. Esta medida supone un gran avance para una reivindicación, la inclusión de cláusulas sociales, que FAECTA viene demandando a la administración andaluza desde hace tiempo. Dicha inclusión no supondría un coste añadido para las administraciones públicas y, en cambio, sí un gran beneficio para los distintos sectores, entre los que se encuentra el cooperativo.
Entorno al 27% de las cooperativas de trabajo, según datos de COCETA, desarrollan actividades prestando servicios a la comunidad a través de contratos y/o conciertos con la administración y dentro, sobre todo, de un ámbito local.
El incremento de participación de las empresas cooperativas llevaría parejo la creación de empleo estable y de calidad; una mayor inserción sociolaboral; la mejora de la calidad de los servicios públicos; una mayor equidad e igualdad entre hombres y mujeres y una gestión económica responsable y democrática que, además, contribuiría a que la principal receptora del impacto social de la aplicación de un modelo que prima el bienestar de las personas, frente al mero beneficio económico, fuesen los ciudadanos y ciudadanas andaluces.
Las cooperativas, con su gestión responsable, están demostrando ser un instrumento eficaz contra el desempleo, ya que contribuyen al fomento del emprendimiento y el autoempleo.
Este modelo de gestionar la empresa y economía ha propiciado que sigan creciendo en número –en la actual situación de crisis-, puesto que además de amoldarse a las circunstancias, la población elige la forma de cooperativa –caracterizada por la distribución equitativa de la riqueza- para responder a las nuevas situaciones económicas.
La aplicación de las cláusulas sociales a la contratación pública, faculta introducir criterios sociales o medioambientales en las licitaciones y posibilitan el acceso de las pymes a estas licitaciones, entre ellas, las cooperativas.
Para FAECTA, la inclusión de las cláusulas sociales en los contratos públicos significaría priorizar la rentabilidad social y, por ende, favorecer la corresponsabilidad entre administraciones públicas, agentes sociales y el sector privado. Por eso, insta a la Administración Pública a que promueva y apruebe normativas que tiendan a fomentar el compromiso de las empresas con la responsabilidad, la sostenibilidad y la creación de empleo en el ámbito local. Apostar por la aplicación de estos criterios llevaría parejo que cerca de 4.000 empresas cooperativas andaluzas, en las que trabajan más de 43.000 personas, se verían beneficiadas y esto revertiría a favor del ámbito local y ciudadanía.
