Democracia y participación. Son dos de los pilares sobre los que se asientan los principios que representan a las cooperativas: empresas cuya gestión económica responsable redunda siempre en beneficio de la sociedad y su entorno. La igualdad, la equidad, la sostenibilidad, la búsqueda del bien común y la solidaridad, entre otros valores, son parte del ADN que definen a este modelo empresarial cooperativo.
La naturaleza de la Constitución de 1978, que cumple 35 años, fue fruto de la avenencia y el consenso de los protagonistas que contribuyeron a la elaboración y redacción de la Carta Magna, en un contexto crucial en la historia de España cargado de transformaciones políticas y económicas pero, sobre todo, de transformaciones sociales. En su extenso articulado, se materializan las nuevas realidades socioeconómicas de una España ávida de empezar a caminar por la transición rumbo a la Democracia. Una de esas realidades no es otra que la que conforman las cooperativas, por ser ejemplos de empresas democráticas.
En este sentido, resulta de interés social el fomento, en sí, de las sociedades cooperativas, sea cual sea su objeto social: cooperativas de trabajo, de viviendas, de crédito, de consumidores y usuarios, de enseñanza, agrarias, de servicios, etc… Por eso nuestra Constitución recoge en el título VII de Economía y Hacienda, artículo 129.2 que:
Los poderes públicos promoverán eficazmente las diversas formas de participación en la empresa y fomentarán mediante una legislación adecuada, las sociedades cooperativas. También establecerán los medios que faciliten el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción.
La Constitución ampara la existencia y funcionamiento del modelo empresarial cooperativo y les otorga su protección justificándola en los intereses públicos o sociales que tales sociedades representan o persiguen. Estos intereses están relacionados con el ejercicio del bien común, con la aplicación de la democracia a la economía, con la generación y mantenimiento de empleo estable, la redistribución equitativa de la riqueza y con el retorno de beneficios a la comunidad.
Sin embargo, no es la primera vez que una Carta Magna recoge el modelo cooperativo. La Constitución de la República de 1931 es la primera, de las constituciones españolas desde ‘La Pepa’ de 1812, que introduce el término cooperación y cooperativas. En su artículo 47 -Capítulo II Familia, Economía y Cultura- indica que:
La República protegerá al campesino y a este fin legislará, entre otras materias, sobre el patrimonio familiar inembargable y exento de toda clase de impuestos, crédito agrícola, indemnización por pérdida de las cosechas, cooperativas de producción y consumo, cajas de previsión, escuelas prácticas de agricultura y granjas de experimentación agropecuarias, obras para riego y vías rurales de comunicación. […]
El hecho de que ambas normas recojan el modelo social cooperativo en su articulado, evidencia que los valores que representan -desde sus orígenes- las empresas cooperativas garantizan principios y derechos constitucionales esenciales que revierten en la sociedad: generan riqueza facilitando el desarrollo local; fomentan la creación de empleo estable y de calidad; propician la igualdad y equidad entre sus socios y socias, trabajadores y trabajadoras; responden a una gestión y funcionamiento democráticos que eleva a las personas por encima del beneficio capital y tienen entre sus máximas solidarias las de prestar servicios que redunden en la comunidad.
Andalucía es la primera comunidad autónoma en número de cooperativas y número de empleos. Estas empresas destacan por ser garantes de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, y por fortalecer la cohesión social y territorial. Las cooperativas son empresas en manos de los trabajadores y trabajadoras que promueven el empleo estable por encima de la búsqueda feroz de beneficios.
Desde FAECTA se apunta que desde el año 2007, si el resto de empresas se hubieran comportado como las cooperativas en cuanto al mantenimiento del empleo, ahora contaríamos con 1.011.650 personas más trabajando, es decir, más de un millón de españoles y españolas tendrían un empleo.
