COCETA ha presentado recientemente un estudio sobre la generación de empleo en las cooperativas de trabajo asociado que prestan servicios de atención a las personas en el marco de la Ley de Dependencia. Tras la entrada en vigor de la Ley de promoción de la autonomía personal y atención a personas en situación de dependencia a finales de 2006 se hacía necesario comprobar si efectivamente este sector se han convertido en un yacimiento de empleo para las cooperativas de trabajo asociado, fórmula que tanto FAECTA como COCETA consideran idónea para la prestación de estos servicios desde el ámbito local.
El estudio analiza la figura de la cooperativa de trabajo de iniciativa social (CTIS) en diversas variables: facturación, empleo, formación, equidad de género, relaciones con las administraciones, ámbito de actuación y los servicios que presta a las personas.
En relación al volumen de empleo, el estudio “Cuando se trata de personas, las cooperativas llevan la iniciativa. Radiografía de un sector en evolución” refleja que según las estimaciones, al finalizar el tercer trimestre del presente ejercicio, el número de empleos era de 31.100. Esto supone el 12% del total de los empleos existentes en las cooperativas.
La vinculación de las personas que trabajan a las CTIS se produce, en gran medida,a través de la figura de socio-trabajador o socia-trabajadora. Así, el 46% de los empleos pertenecen a personas socias. El restante 54%, son trabajadores/as por cuenta ajena; de dicho porcentaje el 55% pertenece a personas con contratos indefinidos, el 43% son personas con contrato temporal y el 2% a trabajadores/as en prácticas o con contrato formativo.
Relaciones con la administración Por otro lado, el informe de COCETA señala al estrecha relación entre la administración y las cooperativas de trabajo de iniciativa social, puesto que estas cooperativas llevan a cabo actuaciones que se encuentran bajo el ámbito de actuación de las administraciones y han ido asumiendo esa responsabilidad a medida que se han ido universalizando determinados derechos sociales. En este sentido, el modelo organizativo y de provisión de servicios que adopte cada comunidad autónoma a la hora de regular los distintos procesos enunciados, resulta muy relevante y tendrá unas repercusiones directas sobre el volumen de creación de puestos de trabajo en el sector.
Las conclusiones recogidas en este informe señalan también que las CTIS son los instrumentos que precisan los ayuntamientos para llevar a cabo las políticas sociales que demanda la ciudadanía; que además sobresalen del resto de empresas por desempeñar estos servicios con mayor calidad y economía.
Respecto a la situación económica y su relación con la administración local, el sector reconoce que en estos momentos, los ayuntamientos no se encuentran en una buena situación de tesorería. Ello incide de forma notable en las CTIS, cuyos recursos vinculados al enorme retraso – en algunos casos, incluso un año- están poniendo en grave peligro su viabilidad como empresa, con el riesgo que ello conlleva de pérdida de empleos. Sin embargo, parece poco admisible que si los ayuntamientos, u otras instituciones públicas abordan, mes a mes, el abono de los salarios del funcionariado, no lo hagan con las entidades que, además de estar prestando un servicio a la ciudadanía, dependen de ellas.
Entre las soluciones que se presentan está la habilitación de créditos especiales para los ayuntamientos, con interés cero, para que puedan hacer frente a los pagos, que por servicios sociales, tienen pendientes con un gran número de entidades. Asimismo se ha planteado la necesidad de constituir un Fondo de Garantía, por parte de cada Ayuntamiento, con un porcentaje por determinar, por cada servicio que saque a contratación. De esta forma, si se produjeran retrasos en los pagos, el Fondo podría hacer frente a los mismos, al menos durante un tiempo.
