Desde la Economía Social y Solidaria se entiende que apostar por modelos de gestión y de desarrollo económico pegados al territorio, más democráticos, sostenibles e inclusivos contribuirán a que los ayuntamientos y diputaciones impulsen y promuevan lo que se establece en el Artículo 129.2 de la Constitución Española: “Los poderes públicos promoverán eficazmente las diversas formas de participación en la empresa y fomentarán, mediante una legislación adecuada, las sociedades cooperativas. También establecerán los medios que faciliten el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción”.
Dado que la contratación pública administrativa representa un 17% del PIB estatal, es obvio que este ámbito debe considerarse como estratégico y convertirse en una de las herramientas principales para implementar el desarrollo local desde la Economía Social y Solidaria, incorporando para ello en todos los pliegos como elementos esenciales las cláusulas sociales, ambientales y de comercio justo.
Apuesta por el cooperativismo
En concreto, estas entidades piden que se apueste por las cooperativas u otros modelos de gestión participada por los/as trabajadores/as y/o consumidores/as, para gestionar los servicios públicos que actualmente se encuentran externalizados como son los de ayuda a domicilio, el mantenimiento de jardines o la recogida de aceites usados, etc. pues desde este modelo se contribuye de manera más eficiente a realizar una más justa distribución de la riqueza, favoreciendo una mayor democratización de la economía, generado una relaciones sociales sustanciadas en la cooperación y solidaridad, promoviendo el desarrollo local sustentable y sostenible desde el punto de visto ambiental y consolidando el empleo estable y de calidad fijado al territorio, que establece como prioritario la igualdad entre mujer y hombre.
Además, desde este colectivo se exige al Ayuntamiento de Córdoba y a la Diputación provincial que apliquen lo que ya permite la Directiva Europea 2014/24/UE sobre contratos públicos en torno a estos asuntos, en especial, la reserva contratos de suministros y servicios a cooperativas y empresas participadas por trabajadores (Considerando 118), o a empresas de inserción (Considerando 36), además de lotear o dividir los grandes contratos para fomentar la participación de las pymes e incorporar criterios sociales y ambientales (Considerandos 74, 75 y 78).
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