Diagnóstico de situación de la cláusula social en Andalucía

El objetivo de este proyecto es potenciar las posibilidades de acceso a la contratación pública de Andalucía de las entidades de la economía social realizando una fotografía de cuál es la situación actual de implantación real de cláusulas sociales y de mercados reservados en Andalucía. También se ha medido cuál es la participación de las empresas de economía social andaluzas en la adjudicación de estos contratos dentro de las licitaciones públicas, fijando cuales pueden ser las fórmulas participativas y colaborativas para que estas puedan acceder e incrementar su participación en este tipo de licitaciones públicas.

Tras este exhaustivo estudio realizado, se pueden extraer las siguientes conclusiones:

Hay una inclusión generaliza tanto de cláusulas sociales como de cláusulas medioambientales en los procesos de contratación efectuados por las administraciones públicas andaluzas tanto en el ámbito local como en el ámbito de la Junta de Andalucía.

La introducción de cláusulas sociales y de cláusulas medioambientales se realiza generalmente como una condición especial de ejecución.

No hay homogeneidad en las cláusulas sociales y medioambientales que se introducen en los contratos. Cada administración, en virtud de la libertad que la Ley le concede, incorpora en cada contrato la que estima más conveniente, y así, una misma administración opta por la incorporación en alguno de sus contratos de una cláusula social, en otros de una medioambiental e incluso una de cada grupo en un mismo contrato.

Dentro de las cláusulas de tipo social que se introducen en los procesos de contratación en Andalucía destacan las relacionadas con cuestiones de igualdad de género e impulso de la contratación de mujeres, así como las de impulso de la contratación de colectivos vulnerables. En las de tipo medioambiental que se introducen en los procesos de contratación en Andalucía destacan las relacionadas con la generación y el tratamiento de residuos y la disminución de la huella de carbono.

A pesar de constituir una obligación legal para toda Administración Pública que una parte de su contratación sea para Empresas de Inserción y para Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social, no se cumple está obligación en la mayoría de las Administraciones Públicas Andaluzas.

Tampoco se cumple de manera generalizada con la obligación, en concordancia con el punto anterior, de fijar anualmente por parte de cada una de las administraciones públicas andaluzas qué contratos tendrán el carácter de contrato reservado para empresas de inserción y/o para centros especiales de empleo de iniciativa social.

Los contratos reservados licitados en Andalucía se dirigen casi en su totalidad a Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social, y en el caso de que la reserva se haga también para Empresas de Inserción, no se produce una participación de las mismas en estos procedimientos. De hecho, sólo hay una Empresa de Inserción andaluza que haya sido adjudicataria de algún contrato reservado.

En el caso de los Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social, suelen ser los mismos los que participan en los procesos de contratación que se realizan a la largo del territorio andaluz.

Hay un desconocimiento generalizado por parte de las Administraciones Públicas Andaluzas de la actividad que realizan las Empresas de Inserción, y en menor medida también de la actividad que realizan los Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social.

El contenido de estas instrucciones de contratación no es homogéneo y cada Administración las ha elaborado según lo ha estimado conveniente, pero sí se entienden como un elemento inicial para el desarrollo de un mercado reservado en el ámbito competencial de cada una de ellas.

Salvo en algún caso concreto, no se han iniciado ni realizado procesos de carácter participativo con el sector empresarial destinatario de la contratación reservada con la finalidad de conocer con carácter inicial a la publicación de contratos reservados la realidad

del sector, de sus posibilidades de actuación y de identificación de los posibles contratos que podrían ser susceptibles de ser licitados con carácter de reservados.

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