El Consejo Andaluz de Entidades de Economía Social se reúne para analizar los retos del sector en los próximos años

El presidente y la vicepresidenta de la Federación Andaluza de Empresas Cooperativas, Luis Miguel Jurado y María del Mar García, han asistido a la reunión del Consejo Andaluz de Entidades de Economía Social, en un acto presidido por la consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco.

El encuentro ha servido para analizar el importante peso del sector en la economía andaluza y la oportunidad clave que se abre con la elaboración del Plan Estratégico para el Impulso y la Modernización de la Economía Social en Andalucía (PIMESA) 2023-2026, un ambicioso programa que nace tras las aportaciones de todos los asistentes en el grupo de trabajo previo y que ahora pasa a ser la hoja de ruta con la que el Gobierno andaluz impulsará este modelo empresarial durante los próximo años.

La directora general de Trabajo Autónomo y Economía Social, Susana Romero, ha remarcado el compromiso de su área con todas las organizaciones que vertebran el sector y la influencia primordial que tendrá el PIMESA en esas políticas públicas, con sus 80 acciones planificadas de cara a los próximos meses.

Por parte de FAECTA se ha querido hacer hincapié en la necesidad de promover el relevo generacional y de ser fieles a los objetivos del propio plan, entre los que se encuentran visibilizar el sector de la Economía Social, incrementar las líneas de ayuda y aumentar el tamaño de las empresas, así como ampliar las adjudicaciones que procedan de la contratación publica para frenar así la entrada de fondos de inversión en proyectos de marcado carácter social. En este sentido, la Federación Andaluza de Empresas Cooperativas ha sido designada para formar parte de la comisión de evaluación y seguimiento del PIMESA, que impulsará la consecución de dichos objetivos.

El Consejo Andaluz de Entidades de Economía Social se configura como el máximo órgano de coordinación y participación en materia de Economía Social. Lo componen de una parte la Administración de la Junta de Andalucía y de otra, las entidades más representativas de las empresas de dicho sector y las organizaciones sindicales más representativas, tanto de la comunidad autónoma de Andalucía, como del Estado.